El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua respaldó este jueves la denuncia presentada por su dirigente nacional, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que solicita que Morena sea formalmente declarado un narcopartido y organización terrorista, en el contexto de las acusaciones del gobierno estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al menos nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado vinculados al crimen organizado.
En rueda de prensa encabezada por la secretaria general del PRI estatal, Janeth Montes López; el coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Roberto Arturo Medina Aguirre; el presidente del PRI Municipal de Chihuahua, Guillermo Patricio Ramírez; y el diputado local José Luis Villalobos, los representantes del partido sostuvieron que la situación en Sinaloa es la consecuencia directa de años de connivencia entre Morena y el crimen organizado, y que el gobierno federal ha ignorado sistemáticamente las denuncias que el PRI ha venido presentando desde 2021 ante instancias nacionales e internacionales.
Medina Aguirre señaló que la llegada de López Obrador al poder significó, a su juicio, la pérdida de la soberanía del país, y que los operadores políticos de Morena utilizaron el poder del pueblo para construir alianzas con organizaciones criminales que hoy aterrorizan a familias en gran parte del territorio nacional. Subrayó que el gobierno de Estados Unidos no lanza acusaciones de esa magnitud sin sustento, y que el hecho de que el gobierno mexicano haga caso omiso y niegue sistemáticamente los señalamientos solo profundiza la gravedad de la situación.
Montes López recordó que fue el propio Alejandro Moreno quien en 2021 interpuso denuncias ante organismos internacionales por lo que ocurría en Sinaloa, en un momento en que otros partidos preferían ignorar la crisis. Detalló que durante el proceso electoral de ese año, militantes, funcionarios de casilla y representantes del PRI en ese estado fueron secuestrados y amenazados para que no participaran, urnas fueron robadas y llenadas con votos, boletas quemadas y centros de votación vigilados por gente armada. Ese mismo patrón, dijo, se repitió en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y otras entidades, sin que el gobierno federal tomara medida alguna.
El diputado José Luis Villalobos fue el más enfático al detallar el costo humano de la crisis en Sinaloa: más de cuatro mil homicidios en los últimos 23 meses, más de 1,600 personas desaparecidas —entre ellas 108 menores de edad—, más de 90 agentes de seguridad asesinados, más de 11,000 vehículos robados, tres mil negocios cerrados, 20,000 empleos perdidos y 20 meses consecutivos de toque de queda a las seis de la tarde en Culiacán. Ante ese panorama, subrayó, el discurso de Morena resulta insuficiente para ocultar la responsabilidad del partido y de quienes han gobernado ese estado.
